La publicación de las guías de Gestión Integrada de Plagas, consensuadas a nivel nacional, supone un paso adelante en
la sanidad vegetal de los cultivos españoles, y viene a enriquecer el marco normativo definido por el Reglamento (CE) nº
1107/2009 y la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y Consejo. La filosofía subyacente aboga por una incorporación
de los aspectos medioambientales en todas las facetas de la actividad humana. La producción agrícola no es una excepción a
esta regla.
La Directiva 2009/128/CE tiene como objetivo reducir los riesgos y efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y el medio
ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativas, como las alternativas no
químicas a los plaguicidas.
El Real Decreto 1311/2012 hace suyas estas metas y recoge a la GIP como el primero de los siete capítulos técnicos para la
consecución del uso sostenible de los productos fitosanitarios. A tal efecto, el RD contemplaba la realización de un Plan de Acción
Nacional que establece un cronograma de actuaciones además de los objetivos cuantitativos, metas y medidas necesarias para
garantizar el objetivo general.
Uno de los objetivos del Plan de Acción Nacional es la elaboración de las guías de cultivo para la correcta implementación de la
GIP. Aunque esta guía no debe entenderse como un instrumento único para implementar la GIP, su seguimiento garantiza el
cumplimiento de la obligación de gestionar las plagas de forma integrada.
La guía se inicia recogiendo, en el apartado 2, las consideraciones generales que deberán tenerse en cuenta para la correcta
aplicación de la Gestión Integrada de Plagas, Enfermedades y Malas Hierbas.
En el siguiente apartado se describen los principios generales para la correcta implementación de la Gestión Integrada de
Plagas, los cuales son la única obligación recogida por el anexo III de la Directiva 2009/128/CE en materia de GIP.
Para lograr una reducción del riesgo en zonas específicas se han elaborado las medidas específicas para zonas sensibles y
espacios naturales señaladas en el apartado 4. La determinación de la sensibilidad de cada zona se ha realizado mediante la
asignación de un nivel de protección a cada zona ponderando las amenazas individuales: información de especies protegidas y
vulnerables, zonas definidas dentro de la Red Natura, zonas de uso agrícola y masas de agua. De ahí se diferencian tres grandes
estratos: zonas no agrícolas, zonas periféricas (con bajo riesgo) y zonas de protección (con alto riesgo). La batería de medidas
propuestas son recomendaciones a tener en cuenta para las zonas de protección.
El pilar fundamental de la guía es el cuadro de estrategia recogido en el apartado 6. Este documento se ha elaborado
considerando que los destinatarios principales de esta guía son los productores que se encuentran exentos de la obligación de
contratar a un asesor fitosanitario, al que se le presupone experiencia en la gestión de la problemática sanitaria. La presente
guía pretende ser un escaparate de las medidas alternativas existentes a los medios de control químico, dejando atrás la forma
convencional de abordar los problemas fitosanitarios, y acercando todo el conocimiento agronómico que se encuentra latente
en materia de GIP.
Entender que los principales consultores de las guías son los productores no quiere decir que los asesores no puedan ser
usuarios de las mismas. Para acercar la guía a los asesores, la información recogida en el cuadro de estrategia es ampliada
en las fichas de plagas recogidas en el Anexo. Estas fichas facilitan la identificación de la plaga mediante fotografías y añaden
información de carácter técnico. Adicionalmente, se ha recogido un apartado de bibliografía para aquellos cuya curiosidad no
haya sido satisfecha.
Como conclusión, está en nuestra mano –como administración– y en el apoyo y esfuerzo de todos –como sector– el hacer que
la GIP no sea contemplada como una carga más para la producción agrícola, sino todo lo contrario, como un ámbito de mejora
de la gestión de las explotaciones y un aumento de la competitividad a partir del aprovechamiento de sus ventajas de índole
económico, social y medioambiental.
